SE
FIRMA LA CARTA VIGENTE
Una constitución para perdurar
Pese a las reformas, críticas y algunos desaciertos,
la Constitución Política de 1991 creó
una nueva democracia en Colombia. Las amenazas a este nuevo
Estado social de derecho aún perduran.
Por
Antonio Navarro Wolff *
El
4 de julio de 1991, cuando sancionamos la nueva Constitución
de Colombia, en medio de los acordes del Mesías de
Handel interpretado por la Orquesta Sinfónica de
Colombia, en el salón elíptico del Capitolio
Nacional sabíamos que estábamos escribiendo
una página duradera en la historia del país.
Un
conjunto de condiciones difíciles de alinear habían
posibilitado el hecho. El bloqueo de varios intentos de
reformas urgentes a la antigua Carta de 1886, la esperanza
que despertó la paz firmada por el M-19, la obsolescencia
conceptual de una Constitución de más de un
siglo, el descuido de la clase política recién
elegida al Congreso frente a la convocatoria de la Asamblea
Constituyente, el valor de la decisión tomada por
la Corte Suprema de Justicia de la época al abrir
la posibilidad de un proceso constituyente sin restricciones,
la reconciliación de antiguos contrincantes como
Álvaro Gómez y las guerrillas desmovilizadas
generaron un ambiente que permitió grandeza, generosidad,
visión de largo plazo, concertación, trabajo
intenso.
Esa
Asamblea Constituyente es el único cuerpo colegiado
en la historia de que se tiene memoria que podría
competir en popularidad con el actual Presidente, pues nunca
bajó del 70 por ciento de opinión favorable.
Fue un verdadero fenómeno político. Y el producto
de su trabajo fue sobresaliente.
El
más destacado concepto institucional de la nueva
Carta es el llamado Estado social de derecho. Desde el preámbulo
se define con claridad y se enuncia expresamente en la primera
frase del artículo primero. La Carta del 91 va mucho
más allá de la definición clásica
de la democracia como un Estado de derecho" y define
expresamente a las instituciones públicas como instrumentos
al servicio de la sociedad, especialmente de sus miembros
más débiles. Las herramientas fundamentales
de ese "Estado social de derecho" son la carta
de derechos descritos con precisión en 71 artículos
y las garantías para su aplicación definidas
en otros 12.
Buenos
hijos
De
las instituciones creadas por la Constitución de
1991 la más popular es sin lugar a dudas la tutela.
Su aplicación acercó la norma de normas a
todos los colombianos y la convirtió en un texto
de consulta y aplicación diaria; diríamos
que en un libro de bolsillo. Me atrevo a afirmar que la
tutela ha hecho que la Constitución sea hoy un texto
más leído que la Biblia. Su popularidad medida
en las encuestas supera el 80 por ciento de opinión
favorable. Ella es fuente de controversias que no cesan.
A los gobiernos les incomoda, en cuanto los obliga -al menos
parcialmente- a no perder la prioridad social en épocas
de vacas flacas. A algunos jueces les molesta, en cuanto
los saca de la tranquilidad burocrática y les impone
plazos impostergables para producir justicia. A los reaccionarios
de siempre los irrita, porque ensucia de barro las inmaculadas
instituciones que preferirían encerradas en castillos
de cristal.
La
otra institución estrella es la Corte Constitucional:
abierta, dinámica, política en el buen sentido,
defensora a ultranza de la nueva institucionalidad, ilustrada,
audaz, eficiente, moderna, permanente creadora de decisiones
de avanzada, y en el actual período pasa por una
etapa crucial de su aún corta existencia. Nunca antes
había corrido tantos riesgos de ver recortadas sus
funciones y disminuida su capacidad de decisión.
Los
intentos sistemáticos del actual gobierno de recortar
elementos del Estado social de derecho, al disminuir los
alcances de la tutela y las funciones de la Corte Constitucional,
entre otras medidas, han producido un efecto lógico
pero que no deja de ser sorprendente. La defensa de la Constitución
se ha vuelto una bandera política del centro y de
la izquierda, y hasta los más ortodoxos marxistas,
que atacaron duramente el trabajo de la Constituyente, cuando
una contrarreforma está hoy en curso, han entendido
las bondades de una buena parte del texto del 91 y la defienden
con ardor. Yo predigo que en este terreno, la Constitución
prevalecerá, aunque no han terminado los tiempos
borrascosos.
Una
reforma institucional más polémica pero también
duradera es la de la justicia. La creación de la
Fiscalía y los pasos recientes para consolidar un
sistema acusatorio no tienen reversa. Seguirá por
muchos años la discusión acerca de si es el
mecanismo para lograr la pronta y cumplida justicia que
todos necesitamos, pero el nuevo esquema llegó para
quedarse; y en lo concerniente a los crímenes más
graves, su eficacia ha sido ya probada. No todas las instituciones
judiciales tienen la misma solidez. Pero la autonomía
de la rama judicial parece garantizada.
En
el terreno del pluralismo político el trabajo de
1991 también produjo cambios duraderos. El bipartidismo
cerrado y excluyente de 140 años ha desaparecido.
Hoy la sociedad colombiana es impensable sin una amplitud
que parece a veces exagerada. Debe encauzarse mejor el ejercicio
de la política, pero la época en que un puñado
de jefes liberales y conservadores manejaban sus partidos
como una finca no volverá nunca jamás.
Cambios
y riesgos
La
reelección inmediata que se abre paso irrefrenablemente,
si bien es un cambio profundo en el ejercicio del poder
en el país, es una transformación constitucional
relativamente menor que no desnaturaliza su corazón.
El riesgo es que el poderoso reelegido, investido de un
mandato supremo por una victoria aplastante en las urnas,
decida persistir en debilitar otro de los logros constitucionales
más importantes: la separación de funciones
entre las ramas del poder público. La tendencia a
un ejecutivo más poderoso, con menos controles y
capacidad aumentada de gobernar con instrumentos excepcionales
al estilo del antiguo "estado de sitio", es hoy
el reto más formidable para la Carta de 1991.
Otro
concepto de gran fuerza de la Constitución parece
languidecer. La "democracia participativa", como
complemento indispensable de la representativa, parecía
ser la innovación más destacada de la Asamblea
Constituyente. Sin embargo su aplicación ha sido
marginal y el estreno del referendo constitucional fue en
verdad poco auspicioso. Sin embargo, estoy convencido de
que vendrán mejores tiempos para esa participación
directa de los ciudadanos, pues la madurez política
de los colombianos va en aumento.
La
de 1991 es una constitución verde gracias al esfuerzo
poco reconocido de Misael Pastrana Borrero. En ese terreno,
nuestra legislación es de avanzada para países
del mundo en desarrollo. Lo es también en la legislación
para las minorías étnicas, especialmente los
indígenas, que están a punto de ver creadas
por la ley de ordenamiento territorial las Entidades Territoriales
Indígenas (ETI), especies de municipios donde se
ejercerá el autogobierno.
En
la Carta del 91 la economía tiene más aciertos
de los que se le reconocen. La autonomía de la Junta
Directiva del banco emisor es un acierto indiscutible, aunque
sectores de opinión crean que su función no
se puede reducir a mantener la moneda sana. La flexibilidad
de las instituciones económicas creadas ha permitido
que la concepción neoliberal actúe desde los
gobiernos sin modificar el texto constitucional. Quienes
critican que ello sea así no pueden, sin embargo,
negar que lo mismo podría suceder si los gobiernos
del futuro fueran de signo totalmente opuesto. Esto es propio
de una concepción de largo aliento, que permite aplicar
ideas opuestas dentro del mismo marco institucional, pues
fue escrita para que fuera perdurable.
En
el ordenamiento territorial el trabajo se quedó en
la mitad. Es tal vez el capítulo más flojo
de la Carta. Han funcionado inapropiadamente autonomías
como las de la televisión o los intentos de eliminar
el clientelismo y la corrupción.
No
cabe duda de que el cambio constitucional de 1991 es uno
de los más importantes eventos de la historia del
siglo XX y seguramente de buena parte del siglo que comienza.
La nuestra es una Constitución hecha para durar,
por lo menos, un siglo.
*Senador
de la República. Copresidente de la Asamblea Constituyente
de 1991
