LA
TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
Noviembre 6 de 1985
La herida abierta
En el Palacio de Justicia se llegó al límite
de la barbarie de la guerra. Colombia perdió en ese
holocausto una de las mejores Cortes de su historia.
Por
Andrés Grillo *
A
las 11:30 de la mañana comenzó el tiroteo
en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. A esa hora
del 6 noviembre de 1985, 28 guerrilleros del M-19 irrumpieron
por el sótano en el Palacio de Justicia. Los subversivos
entraron en tres vehículos y en la incursión
asesinaron al administrador del edificio y a dos celadores.
Adentro los esperaban siete compañeros más.
Afuera se quedó otro grupo, con igual número
de guerrilleros, que no alcanzó a llegar a tiempo.
Así comenzó la operación Antonio Nariño
por los Derechos del Hombre. Una acción armada por
medio de la cual el M-19 pretendía juzgar al presidente
Belisario Betancur por haber supuestamente traicionado el
acuerdo de cese del fuego y de diálogo que había
sido firmado por ambas partes el 24 de agosto de 1984.
Betancur
se había empeñado desde el comienzo de su
gobierno en hacer la paz con los grupos alzados en armas.
Estaba tan comprometido con este propósito que se
había reunido en 1983 en España con Iván
Marino Ospina y Álvaro Fayad, los dirigentes máximos
del M-19. Fue la primera vez que un mandatario en ejercicio
habló con los comandantes de un movimiento rebelde
en plena lucha. Este encuentro señaló el comienzo
del camino que culminó en los citados acuerdos del
diálogo, que le dieron paso a una tregua frágil
y una paz endeble que no alcanzó a durar un año.
Otty
Patiño, uno de los fundadores del M-19, cree que
esos acuerdos no fueron tomados en serio por ninguna de
las dos partes; en ese lapso cada una intentó ganar
ventaja sobre la otra y "la paz es la más vengativa
de las diosas. Castiga duramente a los que no la toman en
serio". El holocausto del Palacio de Justicia fue consecuencia
de esa jugarreta con la paz entre los guerrilleros y el
Presidente. Para apaciguar al numen de la paz fueron sacrificados
casi un centenar de colombianos durante las 28 horas que
duró el combate por el Palacio.
Un
asalto anunciado
Antes
de su muerte, en agosto de ese mismo año, Iván
Marino Ospina le comentó a Pablo Escobar que el M-19
tenía la intención de tomarse el Palacio de
Justicia para juzgar al Presidente y llevarse a los magistrados
a otro país. La ilegalidad en la que se movían
había permitido que ambos hombres se relacionaran.
Escobar les prestó a los guerrilleros la pista de
la hacienda Nápoles para que trajeran de Nicaragua
los fusiles y el explosivo C-4 que utilizaron en la toma.
Mientras
los subversivos preparaban el asalto, los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentían los embates
de los narcotraficantes. El 20 de septiembre de 1985 hubo
una reunión en el Club Militar entre cinco funcionarios
del gobierno y cinco magistrados de la Corte, presididos
por Alfonso Reyes Echandía. El objetivo del encuentro
era discutir las medidas de protección que se iban
a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala
constitucional de la Corte: Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín
Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli.
Estos tenían a su cargo el tema de la extradición,
por cuenta de la cual los dos últimos ya habían
recibido amenazas de muerte.
En
este encuentro se determinó que la Policía
hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se
llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de
octubre de ese año. Los resultados del mismo se presentaron
en un consejo de gobierno el 17 de octubre. El día
anterior el Comando General de las Fuerzas Militares recibió
un anónimo en el que se denunciaba que el M-19 iba
a tomar el Palacio el 17.
En
previsión de cualquier eventualidad entre el 17 de
octubre y el primero de noviembre la seguridad del Palacio
fue reforzada con un oficial, un suboficial y 20 agentes
de la Policía. Ese día terminó la custodia
especial por petición del presidente de la Corte,
Reyes Echandía, quien, según un oficio de
la Policía, solicitó su retiro por su "espíritu
civilista" y "por las continuas quejas que recibía
por parte de los abogados litigantes y miembros de la Corte
Suprema y del Consejo de Estado, quienes veían con
extrañeza y por demás perjudicial las medidas
extremas que se estaban tomando en el Palacio de la Corte".
Toma
y retoma
Casi
en el mismo instante en que los guerrilleros del M-19 irrumpieron
en el sótano el 6 de noviembre de 1985, comenzó
la reacción de las Fuerzas Armadas. El subteniente
de la Policía José Rómulo Fonseca intentó
ingresar por el sótano a repeler el asalto y fue
herido de muerte. A las 12:30 de ese día, una hora
después del inicio de la toma, 35 guerrilleros controlaban
el Palacio y tenían a casi 300 personas como rehenes.
Afuera el Ejército ya había establecido un
perímetro de seguridad, dos vehículos Cascabel
habían ingresado al patio interior del edificio y
tres helicópteros de la Policía con miembros
del Grupo de Operaciones Especiales habían intentado
aterrizar en el techo. Uno de los helicópteros hizo
vuelos rasantes y algunas descargas, luego de lo cual se
levantó una densa columna de humo.
A
la una y media de la tarde las tropas evacuaron a 138 personas
y, según el testimonio que rindió el general
Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa de entonces, ese
fue el momento en el que los guerrilleros les prendieron
fuego a los archivos. Cuando los periodistas lograron contactar
en medio de la toma a Luis Otero, el comandante del M-19
que dirigió el operativo, y le preguntaron por este
hecho, les respondió: "Nosotros no los hemos
quemado (.) no tenemos ningún interés en destruirlos".
No obstante, las palabras del general y las del ministro
de Justicia Enrique Parejo en el mismo sentido alimentaron
la tesis que detrás de la toma estuvo la mano de
Escobar.
El
periodista Mark Bowden dijo en su libro Killing Pablo que
el capo les dio un millón de dólares a los
guerrilleros para esta operación en la que a la postre,
por el incendio que se produjo y del cual nunca pudo establecerse
con exactitud quién lo comenzó, se quemaron
6.000 expedientes. En la conflagración, que se convirtió
en el símbolo de este holocausto, la temperatura
alcanzó los 3.500 grados centígrados. El M-19
siempre ha negado esta versión de los hechos que
los hace parecer como simples marionetas, pero su indudable
cercanía con el narcotraficante debilitó siempre
su defensa. Tampoco los ayudó que durante el asalto
hayan muerto justo los cuatro magistrados de la sala constitucional
y Echandía, quien había sido uno de los redactores
del Código Penal de 1980 que autorizaba la extradición.
Después del asalto del Palacio la extradición
quedó herida de muerte y un año después
la nueva Corte Suprema de Justicia la declaró inaplicable
por un vicio de procedimiento.
pas
y disculpas
El
combate por el Palacio fue una debacle para los guerrilleros
y una victoria pírrica para las Fuerzas Armadas.
Para los intelectuales de izquierda el asalto del Palacio
significó el entierro de la guerrilla como proyecto
histórico. Eduardo Pizarro calificó la toma
de una acción pueril. Y en efecto lo fue. Los guerrilleros
se equivocaron en su apreciación de la situación
política y militar que los condujo a hacer este operativo.
Pensaron que podían repetir la experiencia de la
embajada dominicana. Y no había tal. Betancur no
tenía margen de maniobra. Se la había jugado
toda por la paz sin ningún resultado. No le quedaba
más alternativa que la guerra.
Los
guerrilleros sabían que iban a ser atacados pero
creyeron que les bastaba con resistir un poco el contraataque
para lograr un cese del fuego y evitar ser arrasados. Con
el Presidente neutralizado, el alto mando jugó sus
cartas con rapidez: no iban a permitir el show de otra embajada
dominicana y podían dar un golpe de mano para descabezar
al M-19. Los guerrilleros al mando de la operación
eran comandantes reconocidos: Luis Otero, Andrés
Almarales, Alfonso Jacquin y Guillermo Elvecio Ruiz. Además
los militares estaban con la sangre en el ojo. Desde el
fin de la tregua en junio el M-19 había intentado
volar 17 vehículos blindados en un batallón
de Ipiales, había atacado el batallón Cisneros
en Armenia y un comando había atentado contra el
general Rafael Samudio Molina.
Esta
lógica fue la que condujo a un golpe de Estado técnico.
Con Betancur inmovilizado en forma tácita, las Fuerzas
Armadas atacaron impulsivamente con todos los medios a su
disposición y con la mayor rapidez. Esto permitió
que 215 personas salieran vivas del Palacio. Sin embargo,
esa misma celeridad no permitió elaborar un plan
de rescate quirúrgico que hubiera salvado la vida
de 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia
que perecieron en el combate. Echandía imploró
a través de los medios: "No he podido comunicarme
con el Presidente. Si siguen disparando nos van a matar".
En el holocausto se sacrificó el poder judicial,
lo cual constituye un golpe de Estado pues se exterminó
una de las ramas del poder público. La lluvia de
plomo y la tormenta de fuego que se desató aceleraron
el proceso de desinstitucionalización que padecía
Colombia.
La
investigación sobre los hechos del Palacio de Justicia
llenó 100.000 folios y aun así quedaron muchas
preguntas sin respuesta. La falta de claridad ha generado
una mitología del odio que aún hoy exacerba
los ánimos y alimenta el imaginario de la guerra.
Sobre las ruinas humeantes del Palacio incinerado se levantó
tiempo después una nueva mole para la justicia que
sepultó bajo concreto, mármol italiano y vidrios
blindados todos los fantasmas del pasado. Una salida estética
que no ha sido suficiente para ocultar el hedor que sale
de esta herida abierta y envenena con su aliento mortal
la historia del país.
*Escritor
y periodista de SEMANA
